Calculadora de nacionalidad española por residencia

Puede presentar la solicitud el mismo día en que se cumplen los años de residencia que pide su vía, contados de fecha a fecha. La calculadora suma esos años al inicio de la residencia; ese aniversario es el primer día posible. Si la fecha no existe en el año final, como un 29 de febrero, pasa al 1 de marzo. En el matrimonio decide la más tardía de dos fechas.

La nacionalidad española por residencia exige, según el artículo 22 del Código Civil, una residencia «legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición». El plazo general es de diez años. Bastan cinco para las personas refugiadas, y dos para los sefardíes y para quien tiene de origen una nacionalidad iberoamericana o de algunos otros países. Un año basta en seis casos, como el matrimonio o el nacimiento en España. La calculadora cuenta el tiempo desde la primera autorización para residir: es su lectura, porque ninguna norma fija el inicio. Sumados esos años, sale la primera fecha. Además hacen falta la buena conducta cívica, la integración en la vida española y, salvo exenciones, el DELE A2 y la prueba CCSE.

Como la residencia tiene que preceder de inmediato a la petición, la cuenta mira hacia atrás desde la fecha en que se presenta. En el régimen general, con la primera autorización en vigor desde el 14 de noviembre de 2016, el primer día para presentarla es el 14 de noviembre de 2026. Con nacionalidad peruana de origen, por ejemplo, y la residencia iniciada el 1 de marzo de 2020, los dos años se cumplen el 1 de marzo de 2022.

Los casos de referencia repiten la cuenta con las demás vías. Están resueltos a mano a partir del texto legal, porque no se ha encontrado ningún ejemplo oficial con fechas. Cuántos días faltan hasta la fecha obtenida lo calcula la cuenta atrás de días, que admite una fecha propia.

Diez años como norma general y cinco para las personas refugiadas. Bastan dos para los nacionales de origen de los países que nombra el artículo 22.1 y para los sefardíes. En los seis casos del apartado 2 basta un año. Si la residencia empezó el 1 de marzo de 2020, el régimen general da como primer día el 1 de marzo de 2030.

Esos países son los iberoamericanos y, además, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal. La nacionalidad tiene que ser de origen, porque el texto habla de «nacionales de origen». Quien adquirió después la de uno de esos países no entra en la vía de dos años.

Para los cinco años, el artículo exige haber obtenido la condición de refugiado. Las normas leídas no dicen si cuentan desde la solicitud de protección o desde la concesión, así que la calculadora usa la fecha de inicio que se introduzca. El texto vigente rige desde el 3 de septiembre de 2021, tras la reforma de la Ley 8/2021. No había ninguna reforma pendiente cuando se revisó, el 29 de octubre de 2026. Se revisará de nuevo como tarde el 31 de marzo de 2027.

En seis situaciones, el Código Civil reduce el plazo de residencia legal a un año (artículo 22.2). Las demás exigencias siguen igual: lo único que cambia es la duración.

• Haber nacido en España: el texto dice «en territorio español» y no añade otra condición.
• No haber ejercitado a tiempo la facultad de optar por la nacionalidad española.
• Haber estado bajo la tutela, la curatela con facultades de representación plena, la guarda o el acogimiento de un ciudadano o una institución españoles durante dos años consecutivos. Vale aunque la situación siga al solicitar.
• El matrimonio: llevar «un año casado con español o española» al tiempo de la solicitud, sin separación legal ni de hecho.
• La viudez de un cónyuge de nacionalidad española, si a su muerte no había separación legal ni de hecho.
• Haber nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente fueran españoles.

En el matrimonio se cumplen dos condiciones a la vez, y las dos se miden el día de la solicitud: un año de residencia y un año de matrimonio. La calculadora toma el más tardío de los dos aniversarios. Con residencia desde el 3 de abril de 2023 y boda el 14 de septiembre de 2024, la residencia llega al año el 3 de abril de 2024. Aun así, la fecha es el 14 de septiembre de 2025, primer aniversario de la boda.

Si la boda fue antes, decide la residencia. Con boda el 28 de mayo de 2022 y residencia desde el 7 de octubre de 2024, el primer día es el 7 de octubre de 2025. El apartado 3 añade un caso propio: tiene residencia legal en España el cónyuge que convive con un funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.

Una pareja de hecho no da esta vía, porque la letra d dice «casado». Quien convive sin casarse sigue la vía que le corresponda por otra causa, como el régimen general, y la calculadora no le reduce el plazo.

Ninguna norma fija cuándo empieza a contar la residencia: el Código Civil, el Real Decreto 1004/2015 y la Orden JUS/1625/2016 no lo dicen. La calculadora cuenta desde la fecha en que empezó a tener efecto la primera autorización de residencia. Es su lectura del artículo 30 bis.1 de la Ley Orgánica 4/2000: «son residentes los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir».

Por eso no sirven como inicio la fecha de entrada en España, la de expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero ni el alta en la Seguridad Social. Tampoco el empadronamiento, que inscribe a la persona en el padrón del municipio pero no es una autorización. La calculadora supone, además, que las renovaciones pedidas a tiempo mantienen la residencia sin cortes; ninguna de las normas leídas lo dice con esas palabras.

Una estancia por estudios no es residencia. El Reglamento de Extranjería, el Real Decreto 1155/2024, rige desde el 20 de mayo de 2025. Mantiene a quien estudia en la autorización de estancia de larga duración por estudios, y la Ley Orgánica 4/2000 separa la estancia de la residencia. Es la lectura de los textos, sin una sentencia leída que la confirme. El artículo 176 de ese reglamento cuenta al 50 % el tiempo de estudios, pero solo dentro de las normas de extranjería.

Un familiar de ciudadano de la UE reside con la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, que sigue normas no leídas para esta página. En ese caso, y en cualquier otro dudoso, la calculadora usa la fecha que se introduzca sin comprobarla.

La ley de nacionalidad no fija un número de días fuera de España. El artículo 22.3 del Código Civil pide una residencia «continuada», y ni el Real Decreto 1004/2015 ni la Orden JUS/1625/2016 dan una cifra. Los límites en meses que circulan por internet no tienen una fuente en esas normas.

Para no dejar las ausencias sin referencia, la calculadora las compara con la regla de la residencia de larga duración del Real Decreto 1155/2024 (artículos 176 y 183). Según ese reglamento, la continuidad no se ve afectada por ausencias de hasta seis meses continuados, siempre que su suma no supere diez meses en los cinco años exigidos. Para las salidas por trabajo admite seis meses seguidos y dieciocho meses en total. Es una comparación, no una regla de la nacionalidad: un viaje marcado nunca mueve la fecha.

La cuenta de días es la de la calculadora. El día de salida cuenta como día fuera y el de regreso no, así que se cuentan las noches pasadas fuera. Un viaje supera los seis meses cuando el regreso es posterior a la misma fecha seis meses después de salir. Con salida el 10 de enero de 2018, volver el 10 de julio de 2018 queda dentro y volver el 11 de julio de 2018, no. Los diez meses se leen como 300 días, a razón de 30 por mes.

La suma se mide en los cinco años que acaban el día antes de la fecha de solicitud; en las vías más cortas no se hace esa comparación. Si la fecha calculada cae durante un viaje, no cambia, pero la calculadora lo señala junto con el día de regreso. Por ejemplo, si la residencia empezó el 1 de octubre de 2024, la vía de dos años da el 1 de octubre de 2026. Un viaje del 20 de septiembre al 12 de octubre de 2026 cubre ese día, y aparece como viaje en curso.

En la práctica se habla de residencia efectiva para referirse a que la residencia sea real y no solo formal. Ningún texto de los consultados define ese término. Las sentencias del Tribunal Supremo que suelen citarse sobre él no se han podido consultar en su fuente para esta página, así que la calculadora no aplica ningún criterio judicial.

Además del tiempo, la disposición final séptima de la Ley 19/2015 exige superar dos pruebas del Instituto Cervantes. El DELE A2 o superior acredita el español, y la prueba CCSE, los conocimientos constitucionales y socioculturales de España. No necesitan el DELE los nacionales de países donde el español es lengua oficial. Los menores de edad y las personas con la capacidad modificada judicialmente no tienen que hacer ninguna de las dos.

El artículo 6.5 del Real Decreto 1004/2015 enumera veinte países cuyos nacionales no necesitan el DELE. Son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Portugal, Andorra y Filipinas dan el plazo corto, pero no están en esa lista, así que sus nacionales sí necesitan el DELE. Guinea Ecuatorial está en las dos.

Según el artículo 6.3 del mismo reglamento, la prueba CCSE dedica un 60 % a la Constitución y la organización territorial. El 40 % restante trata de la cultura, la historia y la sociedad. La Orden JUS/1625/2016 admite también los certificados A2, B1 y B2 de las escuelas oficiales de idiomas o de la autoridad educativa. Además da al certificado CCSE una vigencia de cuatro años desde su fecha. Quien no sabe leer ni escribir puede pedir una dispensa antes de solicitar; se resuelve en seis meses y el silencio equivale a una denegación.

El artículo 22.4 pide justificar buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad española. La calculadora no comprueba los antecedentes penales ni ningún otro aspecto de la conducta: solo trabaja con fechas. Para que la adquisición sea válida, el artículo 23 pide renunciar a la nacionalidad anterior. No lo pide a los nacionales de los países del artículo 24.1, que son los mismos de la vía corta, ni a los sefardíes originarios de España.

Por internet, la solicitud se presenta en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, con certificado digital o Cl@ve. Según la propia sede, hay dos meses desde la creación de la solicitud para completarla. La fecha que cuenta es la del registro de entrada telemático, como fija el artículo 4.1 del Real Decreto 1004/2015.

La disposición final séptima de la Ley 19/2015 fija una tasa de 100 €, que se paga con el modelo 790, código 026. Es el importe que dice la ley; el vigente aparece en el propio impreso y puede haber cambiado.

El Real Decreto 1004/2015 da un año para resolver desde que la solicitud entra en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP). Sin respuesta en ese plazo, se entiende denegada. La calculadora cuenta ese año desde la fecha que obtiene, que es su lectura del plazo. Con la concesión llegan el juramento o promesa, desde los 14 años, y la inscripción en el Registro Civil. El artículo 13 de ese real decreto la sitúa en los cinco días siguientes a la jura.

Contra una denegación queda la vía judicial contencioso-administrativa, que el artículo 22.5 del Código Civil deja a salvo.

Con un primer permiso de residencia en vigor desde el 14 de noviembre de 2016, el régimen general da como primer día el 14 de noviembre de 2026. La calculadora abre con este caso y tres viajes, que suman 120 días fuera de España dentro del periodo.

El primer viaje queda en el periodo, pero antes de los últimos cinco años, que empiezan el 14 de noviembre de 2021. En esos años los otros dos suman 85 días, lejos de los 300 de la comparación, y la ausencia más larga es de 61 días. Ninguna pasa de seis meses, así que no aparece ningún riesgo. Presentada ese día, la solicitud tiene como plazo de resolución el 14 de noviembre de 2027.

Un solo viaje del 1 de marzo de 2018 al 15 de octubre de 2018, con la residencia iniciada el 11 de enero de 2016, cambia la lectura. Son 228 días fuera y pasa de seis meses seguidos. La calculadora lo marca como riesgo frente a esa regla de extranjería, pero la fecha sigue siendo el 11 de enero de 2026.

Un nacimiento en España con residencia desde el 29 de febrero de 2024 muestra el caso del día que falta. El año siguiente no tiene 29 de febrero, así que la fecha pasa al 1 de marzo de 2025. Así lo lee la calculadora: de los dos días posibles, toma el más tardío.